Lo que dejó el Conflicto del Campo

prensaydifusion_campanias_thumb_20 Legisladores denuncian discriminación política en nuestra provincia
12/09/2008 - En un hecho sin precedentes, la delegación local del INADI recibió un planteo formal por discriminación política de legisladores nacionales por Santa Fe. Afirman que se sienten perseguidos y agredidos por haber votado a favor de la resolución 125, proyecto enviado por el gobierno al Congreso de la Nación y que originó un serio conflicto con el sector agrario






LO QUE DEJÓ EL CONFLICTO DEL CAMPO
Legisladores denuncian discriminación política en nuestra provincia
En un hecho sin precedentes, la delegación local del INADI recibió un planteo formal por discriminación política de legisladores nacionales por Santa Fe. Afirman que se sienten perseguidos y agredidos por haber votado a favor de la resolución 125, proyecto enviado por el gobierno al Congreso de la Nación y que originó un serio conflicto con el sector agrario. Desde el organismo, además de manifestar su “preocupación”, insta a esos comercios e instituciones al cese de tales conductas discriminatorias, “amparados supuestamente en el derecho de admisión”.
En diálogo con El Consultorweb, Stella Vallejos, titular del INADI Santa Fe, manifestó su preocupación ante una serie de conductas llevadas a cabo en lugares de público acceso en nuestra provincia (como comercios e instituciones), los cuales están promoviendo y llevando a cabo la restricción del ingreso a determinados legisladores nacionales, amparados supuestamente en el denominado “derecho de admisión”.
La situación motivó un planteo formal ante el INADI por parte de un grupo de legisladores, entre ellos Paulina Fiol, Agustín Rossi y Juan Silvestre Begnis, entre otros.
En varias localidades de la provincia de Santa Fe parecen no perdonarles a algunos diputados nacionales su voto a favor de las retenciones móviles.
Cabe recordar que las hostilidades también alcanzó a artistas que durante el conflicto campo- gobierno tomaron postura.
Por ejemplo, en Esperanza, sectores políticos y productores agropecuarios intentaron boicotear la presentación de la cantante popular Teresa Parodi. Y en Rosario, amenazaron al dueño de un bar donde iba a cantar Ignacio Copani, artista identificado con el proyecto del Ejecutivo nacional enviado al Congreso.
También, en pleno fuego cruzado entre el campo y el gobierno, en la localidad de Armstrong, el senador por el departamento Belgrano, Alberto Crossetti, fue agredido físicamente en un piquete agropecuario, a pesar de tener una postura cercana a los intereses de los productores. En aquel momento, el legislador temió por su vida, que dijo haber salvado por “la oportuna intervención policial”.
Al mismo tiempo, el diputado nacional Agustín Rossi sufrió un escrache en la puerta de su domicilio en Rosario, cuando la Cámara Baja definía si apoyaba o no las retenciones enviadas por el gobierno de Cristina Kirchner.
Asimismo, en comercios y lugares públicos de diferentes localidades santafesinas se pueden observar aún hoy, a dos meses de terminado el conflicto, carteles con las caras de los diputados en los cuales se expresa que no se los atenderá por considerarlos traidores a los intereses provinciales.
Esta situación motivó una advertencia del INADI hacia los titulares de los comercios que rechazaron la presencia de los legisladores nacionales.
En el documento emitido por el INADI Santa Fe se señala textualmente lo siguiente:
“Me dirijo a Ud. en mi carácter de Delegada Provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para expresar la preocupación del organismo que represento ante una serie de conductas llevadas a cabo en lugares de público acceso en nuestra provincia (comercios e instituciones), los cuales estarían promoviendo y llevando a cabo la restricción de ingreso a determinados/as legisladores/as nacionales, amparados supuestamente en el denominado ´derecho de admisión´.
Es necesario destacar que dichas conductas se encuentran en contraposición a nuestra Constitución Nacional (artículos 16, 75 incs. 19, 22 y 23) en lo que respecta al derecho a la igualdad (y su correlato en el principio de NO discriminación) de todos/as los/as ciudadanos/as de nuestro país al libre acceso y permanencia en lugares de público acceso, como así también al artículo 1 de la ley 23.592.
Para que el marco jurídico referido sea una realidad es necesario hacer una revisión permanente de actitudes y comportamientos lesivos de la igualdad entre las personas.
La conducta de exhibir carteles en las puertas de ingreso de determinados lugares, con la ´prohibición´ de ingreso para determinadas personas por sus ideologías u opiniones políticas, es un acto claramente encuadrable en los términos de la ley 23.592 y reprochable por su manifiesto carácter discriminatorio.
Hoy, la obligación del Estado argentino de respetar, garantizar y sancionar las vulneraciones a los derechos humanos, no puede ponerse en duda. El Estado se encuentra obligado también a prevenir futuras violaciones.
Recalcamos que el Congreso Nacional es el ámbito democrático de discusión política de los/as representantes de la ciudadanía y es en dicho ámbito donde sus miembra/os expresan la diversidad de opiniones propias de la sociedad (diversidad que se resuelve mediante el voto).
Los/as diputado/as que ejercen dicha responsabilidad de acuerdo a sus convicciones, tienen (como cualquier otro/a ciudadano/a) derecho a poder circular por toda nuestra provincia con la libertad que es ínsita a todo ser humano, sin restricción alguna. En ese sentido, el INADI ha sostenido reiteradamente que el ejercicio del denominado ´derecho de admisión´ debe ser fundado siempre en pautas objetivas y razonables para ser legitimado, y obviamente ajeno a un ejercicio abusivo de dicho ´derecho´ que conlleve a la violación de derechos y garantías constitucionales, como lo son la igualdad y NO discriminación de todos y todas.
Es por ello que desde esta delegación del INADI alertamos sobre estos episodios contrarios a la normativa nacional e internacional de derechos humanos, en sus dos postulados básicos: el principio de igualdad y de no discriminación.
Es mi intención mediante la presente realizar un aporte a fin de que cesen tales conductas discriminatorias, con el compromiso y deber que se desprende de mi función, y en el deseo de fortalecer los valores democráticos.
Saludo a Ud. atentamente quedando a vuestra disposición.
Stella Maris Vallejos
Delegada”.
Fuente: ECW
rosarionet

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